En los últimos dos años, la Agencia del Censo de los EEUU (“el Censo”) se ha involucrado en la contratación temporánea de más de un millón de trabajadores temporáneos para conducir el censo del 2010 en una manera que ha discriminado contra más de una decena de miles de afro-americanos, Latinos, e indios nativos de los EEUU. Demandantes mantienen un su demanda colectiva el 13 de abril del 2010 para darle el alto a esta práctica discriminatoria, y enmendaron su demanda el 5 de agosto del 2010.

Todos candidatos para el Censo 2010 con un archivo de detención por cualquier delito – sin importar si son menor o sin relación a los requerimientos del trabajo – encuentran una barrera arbitraria al empleo. El Censo requiere que entre 30 días estos candidatos particulares deben de producir archivos de corte “oficiales” de la disposición de sus arrestos para seguir siendo elegibles para empleo. Debido a la dificultad, y muchas veces la imposibilidad, de obtener esta prueba, muchas personas que nunca han sido procesados o condenado por crimen algún son disuadas o rotundamente excluidas de trabajos con el Censo. El procedimiento de investigación de antecedentes también resulta en la exclusión de muchas personas con condenaciones por delitos antiguos y por delitos no criminales, delitos menores, y otros crímenes que no involucran violencia o deshonestidad, cuales no tienen relación, según la propia póliza del Censo para hacer trabajo de campo o trabajo clericó.

Debido al hecho de que el índice de detención y convicción de afro-americanos, Latinos, y americanos nativos de los EEUU grandemente excede el de blancos a escala nacional, el uso arbitrario de investigación de antecedentes tiene el resultado de discriminación de base de raza, etnicidad, color, y origen nacional. Infundiendo el prejuicio discriminación del sistema de justicia criminal en el proceso de contratación, el Censo así viola Titulo VII del Acto de Derechos Civiles.

Desde poner la demanda en abril, hemos aprendido algunos hechos devastadores:

• Cerca al comienzo del programa de contratación, la Comisión para la Igualdad de Oportunidad en el Empleo de los EEUU (“EEOC”) informo a oficiales del Censo que el método de investigación de antecedentes realmente podría tener un efecto impacto racialmente discriminatorio en violación del Titula VII de la Ley de Derechos Civiles, pero el Censo fallo en revisar sus procedimientos de investigación de antecedentes para rectificar el problema.
  

• El requerimiento de “documentación oficial de la corte” ha causado que 93% de candidatos con archivo de casi cualquier tipo de detención – aproximadamente 700,000 personas – sean excluidos de consideración para trabajos con el Censo. Este aparato opera virtualmente como una póliza de “detenciones y antecedentes criminales no permitidos.”
  

• El proceso de investigación de antecedentes del Censo no es nuevo. Los Demandantes se han enterado de que cuando el Censo contrato trabajadores temporáneos para el censo decenal del 2000, uso el mismo proceso, con el mismo efecto de exclusión masiva.

Estas revelación muestra que la póliza del Censo no es solamente una función de ineptitud burocrática, pero que está diseñada para discriminar. La querella enmendada de los Demandantes incluye esta información nueva, y también incluye la adición de 5 demandantes nombrados de a través del país entero.

Los Demandantes en este caso – todos candidatos del Censo – están profundamente comprometidos a la meta del Censo de alcanzar comunidades en riesgo de bajo cuento, particularmente minorías de bajo ingreso e inmigrantes. Ellos buscan cambios simples al proceso de contratación del Censo que no solamente reducirá las prácticas discriminatorias, pero promoverá el interés público ya que expandirá la base de contratación del Censo, de este modo logrando la meta Constitucional de contar todas las personas viviendo en los Estados Unidos.

Outten & Golden LLP
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Anuncio de Abogados: Pesultados en el pasado no garatiza consecuencias similares.
 

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